Las relaciones entre las tecnologías digitales y las formas de gobierno
ya tienen una larga historia.
Las promesas, búsquedas y reivindicaciones de mejores formas de gobierno
estuvieron presentes desde los inicios de la digitalización. Desde la
informatización de las administraciones públicas hasta los más sofisticados
proyectos de gobierno electrónico
(Berners Lee, 2000; Castells, 2001; 2009). En la actualidad, esta pretensión de
construir mejores gobiernos y una fuerte ciudadanía digital todavía sigue en
pie. Tal vez con más deudas y exigencias, pero también con algo más de vigor.
Sin embargo, las tecnologías digitales a ciegas pueden corromper profundamente
las actuales formas de gobierno. Otras, por fortuna, pueden ayudar a construir
gobiernos más democráticos, republicanos y toda una nueva relación entre los
ciudadanos y sus gobernantes de turno. Entre ellas la lógica que nos trae,
aquella que dice sobre el Gobierno Abierto.
En los últimos años, en distintos
países se han comenzado a difundir iniciativas que en su conjunto caracterizan
al Open Government. Estos
instrumentos se enmarcan en el proceso más general de incorporación de nuevas
tecnologías a las Administraciones Públicas, pero agregan un elemento que las
hace particularmente interesantes: su capacidad para
profundizar la participación ciudadana en los asuntos públicos, generando una
mayor apertura y democratización del aparato estatal.
Las formas de gobierno que hoy
llamamos democráticas son
sustancialmente distintas de aquellas que llevaban el mismo nombre en la
antigüedad clásica. Cuyos principios mandantes eran garantizados utilizando un
sencillo mecanismo, el sorteo, que otorgaba a todos los ciudadanos la misma
probabilidad de ejercer los cargos públicos. Los teóricos del gobierno
representativo no buscaban extender las ideas clásicas a la sociedad política.
(Calderón, 2006)
Por eso, es solo ahora, con el
avance tecnológico que ha propiciado la llamada web 2.0 o web social y
la extensión de internet como red global, cuando puede comenzar a ponerse en
práctica de forma masiva y con costos asumibles por la estructura estatal. La
violenta irrupción de Internet como fenómeno global en la vida social de
nuestro mundo está produciendo un incuestionable cambio de paradigma en la
forma en la que los ciudadanos se relacionan -o quieren relacionarse- con los
gobiernos, permitiendo interaccionar a gobernantes y gobernados en planos
perfectamente horizontales y sin que ningún otro agente intermedie en esa
conversación.
Tecnologías, Transparencia y Ciudadanía
Estamos hablando entonces de palabras
mayores, se trata de saltar desde nuestro viejo modelo de democracia
representativa a un modelo de democracia conversacional y abierta aprovechando
las posibilidades que proporcionan las TIC a los ciudadanos de participar en
los procesos de toma de decisiones de los gobiernos más allá del ya mencionado
ejercicio del derecho de sufragio o de la participación en organizaciones
sociales tradicionales. A través de Internet y de la web social, es el
ciudadano, el individuo, quien puede tomar el poder, organizarse, tejer redes
sociales, construir las arquitecturas sociales efímeras necesarias para una
reivindicación concreta, y desaparecer tras ello sin voluntad de permanencia y
asimismo los gobiernos pueden cumplir con su deber de transparencia hacia la ciudadanía
estableciendo canales abiertos de información, colaboración, participación y
servicio al ciudadano.
Este cambio tecnológico –y de
valores– supone una verdadera revolución y un reto para nuestros gobiernos. Ya
no basta con ganar unas elecciones, los ciudadanos comienzan a exigir
transparencia en la acción de gobierno y posibilidades de participación en
aquellos asuntos que les afecten, y la Administración Pública debe generar las
instancias necesarias para resolver estos requerimientos.
En este sentido, es posible
observar que las sociedades del siglo XXI se configuran en torno a algunas
características que son diferentes a las de las sociedades anteriores. Castells
(1996) nos habla de sociedad-red para
designar a esta nueva morfología social marcada por el informacionalismo y la
globalización, en la que la unidad básica es la red, los nodos y las relaciones
cambiantes entre ellos. A esto se suma una ciudadanía más activa, más conectada
y en perpetua conversación presenta una gran oportunidad para lo que Prats
(2005) llama republicanismo cívico y
que consistiría en fiar las libertades y los derechos de los ciudadanos,
no a la actuación de los profesionales de la política, sino a la virtud cívica de
los propios ciudadanos, que se comportan como agentes políticos activos. Sin
esa necesidad expresa, los dirigentes sociales y públicos (en el contexto
chileno) anhelan potenciar las ventajas de una ciudadanía cívica buscando la
implicación e involucramiento. (Calderón, 2006)
Hay sentimientos
colectivos, propios de la psicología política, que condicionan el modo como la
ciudadanía percibe el rol de las instituciones gubernamentales –y de los
partidos políticos- en la sociedad actual. En distintas partes del mundo se
expresa un sentimiento de profunda insatisfacción –sobre todo, pero no
únicamente en las y los jóvenes- por las frustraciones que depara una sensación
de pérdida irreparable de la esperanza de que la sociedad pueda avanzar en un
sentido de justicia, superando las desigualdades. En España, en otros países
europeos y en América Latina se habla de una “generación de indignados” (ProAcceso,
2011)
El camino para revertir estos síntomas críticos y recuperar confianzas de la ciudadanía depende de la voluntad política de abrirse a la participación ciudadana tanto en el ámbito de las instituciones del sistema de gobierno como en el referido a la administración de las políticas públicas. En este punto crucial, de reconstrucción de las confianzas ciudadanas, la participación y la transparencia de la gestión pública vienen a coincidir en el ejercicio del buen gobierno.
Más de alguna vez se ha escrito que no hay buen gobierno sin buenos ciudadanos. Aunque sería abusivo decir que toda
sociedad tiene el Gobierno que se merece, tal vez podría predicarse que todo
Gobierno tiene la sociedad que se merece, de esta manera centrar el foco en
procesos de formación y respecto a la manera de educar hacia una mayor
corresponsabilidad, buscando una retroalimentación en devolver poder a la
sociedad, en una relación adulta de gobernanza
heterárquica.
La inteligencia democrática de la gestión pública pedirá entonces
redefinir la relación con la ciudadanía. La calidad de participante, promovida y respaldada
por la administración del Estado, sitúa a las personas en un nivel mayor de
responsabilidad ciudadana, y crea las condiciones para un empoderamiento social
que resulta estratégico para el desarrollo. La participación y el compromiso no son sólo
una preocupación de los funcionarios gubernamentales o de los gestores; se necesita
ir más al fondo, para incluir a aquellos que a menudo están excluidos y que son
clave para el fortalecimiento del capital social y organizacional.
Nuevas Tecnologías en la
Administración Pública
El panorama anterior nos entrega
un marco en cual es posible considerar el impacto que las tecnologías de la
información y la comunicación entre el Estado y la sociedad pueden generar en
la participación ciudadana, redundando en un fortalecimiento de la democracia
representativa. La literatura ha reconocido en general dos beneficios o
impactos directos asociado a este proceso de modernización, un impacto en la
eficiencia de las Administraciones Públicas y la mejora en la provisión de
bienes y servicios públicos, y otro vinculado con la mayor apertura y transparencia
del proceso político.
A menudo se reclaman mayores
cuotas de participación invocando una necesaria regeneración del sistema
democrático –la dimensión política–
o, también, a partir de la demanda ciudadana de contribuir a la toma de
decisiones –la dimensión ciudadana
Sin embargo, es posible justificar un
enfoque participativo de la acción de gobierno simplemente en referencia
a aspectos técnicos de la toma de decisiones: introducir la participación en el ciclo de producción de políticas
públicas puede aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y
en el otorgamiento de recursos.
No es casual, en tal sentido, que el neoliberalismo, en su afán por
achicar y desmantelar el Estado (Calderón, 2006), se haya servido de una
percepción social generalizada en torno a la incapacidad e ineficiencia de las
instituciones estatales para ejecutar prestaciones de calidad. Tal situación
puede revertirse en la medida en que los bienes y servicios provistos por el
Estado satisfagan los requerimientos y necesidades de la ciudadanía.
Hace mucho que las empresas saben
que necesitan integrar a sus clientes en el proceso de diseño para
comercializar productos y servicios que obtengan el éxito. En la esfera de lo
público, numerosos autores han recogido la evidencia de que las sociedades
actuales son cada vez más complejas, más plurales, más multiculturales, más
fragmentadas, en un contexto de globalización mundial donde las grandes
decisiones transcienden a los Estados, y donde las propias cuestiones sobre las
que hay que decidir son cada vez más complejas. Al tiempo, se comprueba que las
decisiones globales no son eficaces en los niveles locales. Las políticas de
alto nivel no pueden ser implantadas sin más en todos los entornos, sino que
deben ser reinventadas tomando en cuenta la complejidad particular del lugar
donde se implantan.
En este contexto, la
Administración Pública empieza a entender que necesita incorporar al ciudadano
en el diseño de las políticas públicas, no sólo por motivos ideológicos, sino
por el simple motivo de acertar con el diseño. De entre las distintas actividades de la
administración, hay una gama que le son exclusivas: la limitativa, de fomento,
normativa, sancionadora y arbitral, cuya lógica es muy distinta a la de las
organizaciones privadas.
Para ello, una cuestión central
reside en atenuar el tradicional sesgo procedimental que caracterizó a los
Estados burocráticos de impronta weberiana
(Juan Manul Abal Medina, en Calderón, 2006), complementándolo con una
acción estatal orientada hacia la gestión por resultados. Se trata, en otras
palabras, de instalar al ciudadano
como destinatario principal de las políticas públicas, recabando sus
demandas y expectativas y fijando a éstas como objetivos a alcanzar. Las nuevas
tecnologías indudablemente, pueden desempeñar un rol fundamental en esta tarea.
Donde la Administración puede
traer a su mundo las enseñanzas de la empresa es en sus actividades
prestacionales. Si bien los servicios públicos poseen algunas características
que los diferencian de los servicios privados, las oportunidades de mayor
eficacia y eficiencia a partir de abrirse a la participación son, como mínimo,
las mismas que en la empresa. Más aún, cabe defender que los servicios públicos
se beneficiarán especialmente debido a que, de hecho, no deben establecer
relaciones de cliente-proveedor, sino ejercitar una ciudadanía cívica, en la
que el consumidor es integrante y titular de la organización que presta el
servicio.
Una parte de las organizaciones
de servicio de la Administración Pública, en especial determinadas
instituciones sanitarias y educativas, han andado una parte del camino, bajo el
paradigma de la Nueva Administración Pública y, así, han organizado su
actividad en procesos orientados al cliente. Aunque este es un modelo que debe
ser transcendido hacia modelos menos clientelistas y más ciudadanos, ha
introducido algunas rutinas beneficiosas como es la de la evaluación externa
que retroalimenta el diseño de los servicios. Sin embargo, otra parte
importante de las Administraciones Públicas continúa estructurada según una
orientación puramente burocrática que maximiza el control. El gran reto, en el
siglo XXI, sigue siendo el de construir una Administración ciudadano-céntrica,
que oriente su actividad a las necesidades de cada ciudadano
Por su parte, la mayor apertura y
transparencia del proceso político resulta un insumo fundamental no sólo para
que los ciudadanos se vean mejor capacitados para articular y defender sus
intereses sino también para controlar lo que hacen los representantes electos y
las burocracias públicas. Asimismo, y si bien estamos aún en plena
implementación de la llamada web 2.0 y sus derivados, ya es visible un
creciente interés de los gobiernos en el uso de dichas herramientas para la
generación de producciones en red. Los foros, wikis y plataformas colaborativas
se han transformado en moneda común en el mundo de la empresa y el gobierno, y
comienzan a extender sus fronteras hacia el relacionamiento de los diversos
ámbitos y sectores que los promovieron inicialmente. Sin embargo, en sociedades
todavía muy desiguales como las latinoamericanas, es imprescindible que el
desarrollo de estos instrumentos sea simultáneo a la adopción de medidas
activas que reduzcan la brecha digital. De lo contrario, la desigualdad de recursos
y de acceso a las tecnologías será una nueva fuente de desigualdad de
influencia en la política (Calderón, 2006, p. 217). Aquí, el optimismo que genera el desarrollo
tecnológico debe ser matizado con una fuerte llamada de atención a las posibles
consecuencias de dicho crecimiento en la equidad política y social.
A su vez, en el plano del acceso
y puesta en disponibilidad de información pública, los repositorios de datos de
gobierno constituyen un excelente ejemplo de colaboración entre gobierno y sociedad.
Experiencias como el Data.gov de
Estados Unidos o el Data.gov.uk del
Reino Unido nos ponen en el camino correcto en cuanto a difusión y uso de los
datos que el gobierno produce, y que pueden ser utilizados por empresas,
universidades y ciudadanos en general. De esta manera, es posible encontrar en
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación una herramienta
fundamental en el siempre difícil pero imprescindible objetivo de mejorar la
calidad de nuestras instituciones democráticas.
Gobernabilidad y Gobiernos Abiertos. El caso chileno.
En la experiencia de Chile, el
proceso de modernización ha centrado la lógica en la vital idea de que las
tecnologías digitales e internet han transformado la gestión de los bienes
intelectuales en una pieza estratégica para el desarrollo social, económico,
político o tecnológico a nivel global.
En Chile, la Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública, de reciente promulgación, recoge explícitamente dicha relevancia en el texto de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, pues no sólo reconoce el derecho de las personas para participar del diseño de políticas, planes y programas, sino que prescribiendo que “cada órgano de la administración pública debe establecer las modalidades formales y específicas de participación que tienen las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia” (Art. 70, Ley Nº20.500). Por su parte, la Ley 20.285 de Transparencia de la función pública establece el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado así como los procedimientos para su ejercicio y amparo.
Este marco legal explicita la consideración de que la participación y la transparencia de la información pública son derechos de la ciudadanía -y no concesiones dependientes de la voluntad de los gobernantes- y representa un cambio en la gobernanza del Estado moderno y democrático. Sus implicancias son fundamentales para la esfera de lo público: de una parte, empoderan a las personas en el ejercicio de sus derechos, y por otra, dan lugar a obligaciones de la gestión administrativa para cumplir con el mandato republicano de la ley.
Esta lógica o disposición hacia los ciudadanos no se produce por generación espontánea. Se construyen diariamente a partir del
aporte de cada uno de sus ciudadanos. Por ello, es necesario el desarrollo
local de tecnologías, soluciones, redes y servicios que habiliten una mayor
participación, colaboración y transparencia. Son necesarios canales de diálogo
permanente entre los diferentes niveles de gobierno, las ONGs, el sector
privado y cada uno de los ciudadanos. Las dimensiones de participación y
colaboración pasan a ser centrales. El trabajo de los ciudadanos, ya sea en
forma individual o colectivamente, y, sobre todo, el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil (ONGs) se vuelve central en la construcción
de estas nuevas formas de gobierno. En este sentido, los gobiernos abiertos serán un emergente
de producción colaborativa o no serán. Nuevamente, la democracia parece tomar
el lugar central de la política.
En
el contexto chileno, a pesar de que las funciones de Gobierno Electrónico se
incorporaron en el programa de modernización gubernamental, un primer punto
fundamental fue “desdigitalizar” la conversación sobre la modernización del
Estado y centrarla en las personas, lo que implicó pasar del enfoque
institucional y de la eficiencia, a un modelo donde lo central es el diseño de
servicios orientados a los usuarios. En este sentido, se diseñó un plan
estratégico de gobierno electrónico como parte integral del programa de
modernización, con tres ejes centrales: Gobierno Cercano, Gobierno Abierto y Gobierno
Eficiente, siendo este último consecuencia de los dos primeros. (Bustamante y Mancini, 2012)
Uno
de los principales aprendizajes obtenidos a partir de esta experiencia es el
evitar caer en el fetiche de la tecnología y los enfoques muy academicistas. El
Gobierno Abierto es acerca de las personas y su empoderamiento y no sobre una
determinada plataforma o estándar. En este sentido, estamos profundamente
convencidos de que este enfoque ofrece una oportunidad única de formar un nuevo
tipo de ciudadano, que no es un receptor del Gobierno, sino un actor
involucrado profundamente en la construcción de un mejor Estado, adquiriendo un
nuevo valor el codiseñar servicios e
iniciativas con los mismos ciudadanos a través de encuestas, consultas públicas
y focus group, ya que estas metodologías son cruciales para enfocar los
esfuerzos en las cosas que realmente importan a las personas y construir, con
su colaboración, mejores servicios para un mejor Estado.
REFERENCIAS
·
Berners Lee, T. (2000). Tejiendo La Red: El Inventor Del World Wide Web Nos Descubre Su Origen.
Madrid: Siglo Xxi España.
·
Borja Jordi (2002) Gobiernos Locales,
Políticas Públicas Y Participación Ciudadana. Revista Aportes Número 19.
Política Y Democracia. Buenos Aires.
·
Bustamante Y Mancini (2012) “El Camino Del Gobierno Abierto
En Chile”. Revista Bits De Ciencia, Departamento De Ciencias De La Computación,
N°7, Primer Semestre 2012, Universidad De Chile, Santiago.
·
Calderón, C. Et Al (2010): Open Government:
Gobierno Abierto, Bueno Aires, Capital Intelectual.
·
Castells, M. (2009). Comunicación
Y Poder. Madrid: Alianza.
·
Castells, M. (2001). La
Galaxia Internet. Madrid: Areté.
·
Castells, Ml (1996): The
Information Age: Economy, Society, And Culture; Oxford, Inglaterra, Y
Cambridge, Massachussets: Blackwell Publishers
·
Font Joan (2002) Participación Ciudadana Y
Decisiones Públicas: Conceptos, Experiencias Y Metodologías. Urbared.
Barcelona.
·
Font, Joan Y Blanco, Ismael (2006): Polis,
La Ciudad Participativa; Diputación De Barcelona.
·
Prats I Catalá, Joan (2005): De La Burocracia Al Management: Del Management A La Gobernanza;
Inap.
·
Prats I Catalán, Joan (2005): De La
Burocracia Al Managment: Del Managment A La Gobernanza; Inap.
·
Prieto-Martín, P. (2008): (E) Participación
En El Ámbito Local: Caminando Hacia Una Democracia Colaborativa, Sololá
(Guatemala), Asociación Ciudades Kyosei (En Edición);
·
Proacceso (2011): "Acceso A La Información Pública Y
Participación Ciudadana" (29.09.11)Link
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